Català
Lo que voy a contarles no está protegido por ningún secreto. Y forma parte de nuestra acción de lobby en favor de los Interinos y las Interinas.
El pasado 14 de octubre de 2021, a las 12 de la mañana, cara a cara y en privado, tuvimos una reunión con el presidente del Comité de “Judicial Affairs” del Parlamento Europeo. El personaje es eurodiputado español por EL PARTIDO CIUDADANOS (C’s). Y precisamente por su especial fobia a todo lo catalán, no asistí a ella personalmente. Fue José María, nuestro socio residente en Bruselas, nacido y afincado en Madrid; castellano viejo de diecisiete generaciones, por lo menos.
La reunión en su oficina fue larga y muy completa. Se tuvo la oportunidad de presentarle el problema y hablarle de las víctimas, haciendo hincapié que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, las familias de los interinos e interinas.
Desde el primer momento, intentó, viendo que no nos conformábamos con unas palabras piadosas, echar balones fuera:
Primero nos respondió que el Euro-Parlamento no podía hacer nada – le aclaramos lo que sí puede hacer el Parlamento Europeo, que es mucho.
Después, que nos dirigiéramos al Tribunal de Justicia – le recordamos las limitaciones que tenemos los ciudadanos para acceder al TJUE – y cuando insistió, le explicamos que los dos únicos caminos son los recursos de nulidad y de incumplimiento (ambos muy limitados).
Ya molesto, nos dijo nos fuéramos a los Defensores del Pueblo. Pero es que los Defensores del Pueblo no afrontan investigaciones sobre cuestiones judiciales. Ni la de Bruselas, ni el de Madrid.
Después, que el tema de los interinos y las víctimas era un asunto que había que resolver internamente dentro de España. Se le explicó que antes de estar donde estábamos, ya lo hemos intentado todo. Y que de hecho en el caso de los interinos hay 3 sentencias del TJUE que en España están siendo despreciadas y que ahora, para ganar tiempo y seguir maltratando a las víctimas, se habían sacado de la manga una cuestión prejudicial, cosa que, curiosamente, conocía perfectamente.
Después, que nos fuéramos a la prensa. Se le explicó que la prensa española, salvo alguna excepción no se atreve a meterse con los jueces ni con el poder. Después de todo eso, nos replicó que la cuestión era verdaderamente una «cuestión de Estado» y que podría ser gravísima para España.
Insistimos que para las víctimas de los desaguisados que representábamos, es una «cuestión de familia»; y que ciertamente, poder dar de comer a nuestros hijos es mucho más importante para nosotros que esas cuestiones de Estado. Un Estado que a las víctimas sólo nos ha dado patadas en el culo (con este término).
Que si España lo veía como gravísimo, que ya sabían lo que tenían que hacer: sentarse a resolver el asunto.
Finalmente, le informamos que estamos contactando con otros Estados miembros, buscando un Estado miembro que se interesara en serio por el asunto. De esa forma podríamos ir – entonces sí – al TJUE de la mano de un socio privilegiado, de tal forma que tendríamos la seguridad de se abrirían investigaciones.
Esto sí que le puso muy nervioso, masculló que eso era una traición a España y la reunión terminó de una manera seca, pero siempre dentro de la euro-cordialidad.