CatalàLa Constitución Española, en su artículo 147, señala que los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Pues bien, como el tema del Derecho a la Vivienda, es otra broma de mal gusto.
Les cuento. La entrada de España en la Unión Europea ha provocado una verdadera revolución respecto a las competencias que cada Comunidad Autónoma tiene transferidas y a la validez jurídica de las mismas.
Cuando se diseñó la Constitución Española se determinaron tres niveles de competencias: estatal, autonómico y local. Se cedieron las competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, Código Civil (Euskadi y Cataluña), educación, sanidad, vivienda, etc. Sin embargo, desde la entrada de España en la Unión Europea se han ido transfiriendo a la UE buena parte de esas competencias, es decir, soberanía que habían sido traspasadas previamente a las Comunidades Autónomas fueron «revendidas» a Europa.
Y es que tenemos una gran parte de competencias en nuestros estatutos de autonomía que ahora son competencias europeas y, por lo tanto, nos encontramos ante cajones vacíos y si insisten, contrarios a la legislación europea.
En España, se están haciendo leyes en los parlamentos autonómicos perfectamente contrarias al Derecho de la Unión que, recordemos, es prevalente sobre cualquier marco legislativo y jurídico de cualquier país miembro. Si se aplica el Derecho de la UE, como se debe de hacer, los que está caducos y obsoletos son los estatutos de autonomía, y también la constitución que los ampara. Pura fachada pues.
Cada vez que España ha cedido una parte de su soberanía, aunque se haya realizado la transposición correspondiente a las leyes españolas, no se ha hecho la modificación correspondiente de las normas autonómicas, no se han implementado esos cambios en aquellos ordenamientos que tenían competencias sobre una soberanía que ya no es española.
Todos los Estatutos de Autonomía están desactivados por la vía de los hechos. Es decir, que las leyes europeas se han ido superponiendo sin que en España se haya hecho una supervisión de cómo se encuentran todos los ordenamientos jurídicos vigentes, Estatutos de Autonomía incluidos. Son producto, para dejarlo claro de una época que contaba en pesetas.
El problema se ha visibilizado cuando el Gobierno ha comunicado a la UE que pretendía reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan solicitar financiación o acceder a los fondos europeos para poder acometer obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Según el Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea, el Gobierno impulsará «la aprobación de medidas normativas específicas, entre las que se puede citar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para mejorar las posibilidades de acceso a la financiación».
Sin embargo, las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades como Euskadi, Navarra, Valencia, Aragón, Andalucía y Cataluña que podrían no aplicar dichas reformas. Y es que buena parte del Derecho civil es una soberanía ya cedida a Europa, y el Estado español, como los buenos estafadores, ha vendido tres veces la puerta de Alcalá. Y aquí el único propietario por la prevalencia del Derecho de la Unión es Europa, ni España, ni la Comunidad.
El orden constitucional está en duda por su falta de actualización.
Es una burla más, pues, de los que se llaman a sí mismos constitucionalistas con la complicidad de las élites autonómicas. Todo el engranaje democrático de España, por la falta de análisis de la realidad jurídica, podría estar funcionando basándose en un ordenamiento legal obsoleto y sin vigencia.
Aunque el Estado español se muestre de cara a la ciudadanía como europeísta, la verdad es que, en lo referido a la transposición e implementación de las leyes europeas, somos el estado más incumplidor. Lo estamos viendo con las multas que no para de recibir España por no transponer a tiempo las directivas europeas e, incluso, aunque hayan sido incorporadas al ordenamiento jurídico, se obstina en su incumplimiento con la complicidad de los jueces.
Creo que en la Biblia los denominan sepulcros blanqueados, europeos eso sí.